Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador
Es evidente, y existe un consenso generalizado en la opinión pública, que como país tenemos un grave problema de seguridad; y más aún, que desde hace unos años tenemos una criminalidad distinta a la delincuencia común. Por lo tanto, se ha abierto un debate acerca de la forma como deberíamos enfrentar este nuevo fenómeno, hoy conocido como crimen organizado; y no sólo un debate, sino que han surgido todo tipo de propuestas, dónde se le ha dado curso a la imaginación respecto de qué hacer, cómo hacerlo y quién debería conducirlo.
Hace un tiempo atrás el Gobierno optó por llegar a un acuerdo con uno de los principales partidos de oposición, para una agenda legislativa con una larga lista de proyectos; optando, de esta manera, por colocar las fichas en el derecho penal y en el derecho procesal penal para el combate a esta criminalidad. Nunca estuve de acuerdo con este camino, porque creo que el derecho penal es simplemente la creación de hipótesis de conductas humanas, que, en caso de cumplirse, dan lugar a una persecución penal, y eventualmente, a una sanción con pena de cárcel. Pero ¿eso significa que estamos combatiendo el fenómeno de fondo de lo que es el crimen organizado con estas normas legislativas?
Ahora han surgido otras voces, proponiendo creativas medidas, como que el presidente se haga cargo personalmente de la lucha contra la delincuencia, o encabece un activo grupo de combate. Esto se parece a un oxímoron. La Constitución es clara, respecto de que le corresponde al estado velar por la seguridad de las personas; y que la autoridad del presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público. De tal manera que este tema está zanjado, en el sentido que es el Estado el responsable, y el ejecutor es el presidente, en su condición de jefe de Estado; pero eso no significa que sea el presidente, personalmente, quien tenga que dirigir en términos tácticos y operativos las políticas en el combate a la delincuencia y/o crimen organizado.
Entonces, el combate a la delincuencia y al crimen organizado es una tarea institucional, porque el responsable es el Estado; y es por ello que la Constitución señala que son los ministros los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República, en el Gobierno y la administración del Estado.
Por ello, creo que es necesario emprender el camino institucional que significa:
- Terminar, ahora ya, y poner en vigencia el Ministerio de Seguridad Pública para que un ministro encabece este proceso de lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, con una dedicación única y especializada (permitiendo de esa manera que el Ministerio del Interior se dedique a la gestión política del Gobierno).
- Terminar, ahora ya, y poner en vigencia una potente y moderna agencia de Inteligencia, con los mejores estándares internacionales en personal y en tecnología, para que proporcione una información completa y actualizada respecto de estos fenómenos a las instituciones del Estado pertinentes, comenzando por el ministro de Seguridad Pública.
- Realizar una profunda reforma del sistema carcelario (que no consiste sólo en crear una cárcel de alta seguridad) que implique todos los aspectos de organización, de personal valorado, bien remunerado y capacitado; de construcción de penales del siglo 21, con las tecnologías correspondientes, y con un sistema de inteligencia y contrainteligencia interna, junto a las correspondientes políticas de rehabilitación y oportunidades.
- Revisar lo que ha sido nuestra política migratoria, acorde con los nuevos escenarios internacionales de nuestra región, juntamente con una política de fronteras que responda a los fenómenos que hemos tenido en el último tiempo; sin perjuicio de las políticas bilaterales y multilaterales sobre esta materia.
- Terminar el proceso de modernización de nuestras policías, Carabineros y la PDI, con la incorporación de las tecnologías de punta que existen en el mundo en el ámbito de la prevención y de la investigación.
- Creo que sería muy importante iniciar un proceso de formación de civiles expertos en materia de inteligencia, en coordinación con universidades e institutos.
