Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Profesor de Derecho Constitucional
La Región de La Araucanía se ha visto convulsionada por hechos de violencia rural y también en algunas ciudades. Lo primero que hay que hacer es identificar de dónde proviene ella y, como siempre, viene de los extremos. Desde hace algunos años tenemos la violencia rural impulsada por grupos mapuches radicalizados. Ellos no se han sentado en ninguna mesa de diálogo ni de negociación y tampoco lo van a hacer en el futuro aunque no pierdo las esperanzas de que ello pueda ocurrir. Este grupo no solo practica la violencia física sino que también la amenaza e incluso llega a la agresión física en contra de otros mapuches que han escogido otros caminos de progreso como fue el atentado que sufrió el lonko Aniceto Norín.
Por otro lado hace tiempo que existen grupos de la extrema derecha en la sociedad chilena que propugnan la reacción violenta; lo han hecho verbalmente usando las redes sociales en las cuales se han escuchado descalificaciones e insultos a los anteriores Ministros del Interior y de Defensa de este gobierno. Sus propios electores se han rebelado ante lo que denominan un gobierno inerme. Estos grupos de extrema derecha son el lugar perfecto donde anidar las ideas y conductas racistas y es lo que han hecho sus dirigentes. La expresión más evidente de ello son las conductas racistas de aquellos que se auto convocaron para desalojar las municipalidades tomadas por los grupos radicales mapuches. Eso no fue otra cosa que ejecutar lo verbalizado desde hace tanto tiempo.
El recién entrante Ministro del Interior, visitando La Araucanía a dos días de haber asumido su cartera, conminó a los alcaldes a pedir el desalojo de sus municipalidades ilegalmente ocupadas. Los alcaldes, por su parte, han acreditado que enviaron al respectivo gobernador provincial oficios dando cuenta de la situación en que se encontraban los edificios consistoriales. Cuento corto, el Ministro no tenía atribuciones y que eran los alcaldes los que tenían que solicitar el desalojo.
Era el momento que estaban esperando los grupos de extrema derecha. El Ministro no hacía nada, el intendente y el gobernador provincial tampoco pues dependen del Ministro, los alcaldes no tienen el mando de la fuerza pública y por tanto no pueden desalojar a los ocupantes, entonces para ellos había llegado la hora de la acción y lo hicieron de la manera más repudiable: usando la fuerza, blandiendo garrotes y con cánticos racistas.
El Ministro del Interior ignoraba que el artículo 4°, letra h), de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, establece que es atribución del gobernador provincial: “Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”, además de sus facultades para mantener el orden público.
Una semana después comunidades mapuches ocuparon la municipalidad de Tirúa. Al día siguiente carabineros desalojó el recinto municipal deteniendo a algunas personas sin que el alcalde haya hecho solicitud alguna; al contrario, manifestó no estar de acuerdo con esa medida porque iba a dialogar con los ocupantes.
¿Quién dio la orden a carabineros para desalojar la municipalidad de Tirúa? Públicamente se informó que fue el gobernador provincial de Arauco en uso de sus atribuciones. Curioso, porque en Tirúa y en La Araucanía rigen las mismas leyes o eso creo yo. Pero este no es un tema jurídico sino político y a ello me referiré en una próxima columna.
Adelanto que estos hechos son los que han colocado una vez más este asunto sobre la mesa. ¿Qué asunto? El de la relación entre el Estado y la sociedad chilena con el pueblo mapuche. Otros preferirán llamarle el “conflicto mapuche” o simplemente el “tema mapuche” en un afán de librarse de su propia responsabilidad y endosarla a “los otros”.
Creo que Chile tiene otra oportunidad para construir su progreso sin discriminación.
