Las huelgas de hambre iniciadas por Héctor Llaitul y su hijo Pelantaro, reafirma la importancia que tiene tramitar con rapidez la iniciativa legal que presenté junto a los senadores García Ruminot y Walker, ya que se trata de una medida de presión que se utiliza con el objetivo de obtener beneficios carcelarios, lo cual es inaceptable.
Esta acción la vienen utilizando reiteradamente personas condenadas o formalizadas por delitos graves registrados en la Macrozona Sur, pertenecientes a las orgánicas radicales que operan en esa parte del país.
Si la iniciativa legal estuviese rigiendo hoy, esta conducta sería sancionada como una falta grave para cualquier recluso, ya que actualmente es considerada solo un falta simple dentro del reglamento penitenciario y no aplica a internos con origen étnico.
Hago un llamado al gobierno a que acelere la tramitación del proyecto para que estas situaciones no se repitan, porque se trata de una medida de presión con fines políticos.
