Profundamente preocupada por el aumento de tomas y marcajes de predios en La Araucanía, algunos de ellos de manera muy violenta generando una serie de conflictos graves en la región, la senadora Carmen Gloria Aravena, solicitó un mayor despliegue en terreno a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Al respecto, la parlamentaria (independiente pro RN) indicó que es necesario dilucidar dudas respecto al proceso de compra de tierras con las propias comunidades indígenas, pues el conflicto debe ser abordado desde diversas aristas, una de ellas es el estado de avance del proceso de compra de tierras instaurado en 1993 con la Ley Indígena.
“Solicitamos a la CONADI y sus programas, como es el caso del Programa Chile Indígena, considere realizar un mayor despliegue en terreno a nivel regional y comunal, con el objeto de dialogar y explicar a las comunidades y agricultores afectados, en qué consiste el proceso y estado de avance de las solicitudes de compra de tierras. Además, es necesario contar con un catastro oficial de los predios tomados y saber cuáles de éstos cuentan o no con un certificado de aplicabilidad”, esto en el entendido que no es posible sostener usurpaciones que no tienen sustento, sostuvo Aravena.
La parlamentaria explicó que “muchas de las comunidades indígenas, que buscan que la CONADI les compre tierra, ya que tienen aplicabilidad, sienten frustración por la lentitud del proceso de compra de tierras, lo que podría incidir, aun cuando nada lo justifica, en la decisión de tomar ilegalmente un predio. Sin embargo, se desconocen los criterios de la Contraloría para aprobar una compra, pues se establece que los predios no deben registrar tomas o hechos de violencia”.
Cabe señalar que, de acuerdo a información de la CONADI, existen 608 comunidades con aplicabilidad, es decir, con informe jurídico favorable, de estas sólo se les ha comprado tierras a 398, existiendo 210 comunidades que aún no han podido hacer efectiva su solicitud. Existiendo así, comunidades que esperan por años e incluso décadas, se concrete la compra del predio que reclaman.
Por otro lado, dado que la ley vigente otorga la posibilidad de crear nuevas comunidades, existe un crecimiento ilimitado de demanda de tierras, lo que requiere de un análisis profundo y un acuerdo político transversal en búsqueda de una resolución definitiva.
