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Senadora Aravena: “Me parece fundamental que se perfeccione el actual proceso de compra y entrega de tierras, pero a la vez, es un profundo error del gobierno considerar que este tema es el `corazón´ del conflicto que se registra en la Macrozona Sur”

  • La parlamentaria por La Araucanía advierte que lo planteado por el Presidente Boric requeriría de cambios a la actual Ley Indígena y corregir las falencias que tiene actualmente el sistema de asignación de tierras a cargo de la Conadi. La congresista alertó también de lo aprobado en el pleno de la Convención, que consagra la restitución de tierras como un mecanismo preferente de reparación y que resguarda de manera especial la propiedad de predios indígenas.

Jueves 5 de mayo de 2022. Como “un error garrafal de apreciación” calificó la Senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, la postura del Presidente Boric de considerar que el proceso de compra y entrega de tierras a comunidades indígenas, es el `corazón´ del problema que se vive en la Macrozona Sur y asumir que este mecanismo permitirá resolver el conflicto.

A juicio de la Senadora, son varios los argumentos que demuestran que esta política pública no soluciona los problemas de fondo que existen en esa zona del país, como la violencia y la falta de desarrollo. “Pensar que un nuevo proceso de compra y entrega de tierras va a terminar con la violencia terrorista y con la falta de oportunidades es un espejismo, ya que a la fecha se han otorgado más de 300 mil hectáreas para distintas comunidades, sin que ello haya frenado o disminuido la violencia, Al contrario, esta ha aumentado, pese a los ingentes recursos que se han destinado para estos fines. Tampoco hemos visto que estas entregas de predio hayan significado un aumento en el desarrollo productivo y económico de la región, entre otros aspectos, porque mientras siga operando el crimen organizado en la Macrozona Sur, no habrá desarrollo humano y económico posible”.

Carmen Gloria Aravena refrenda también su postura con aspectos técnicos que confirman de perfeccionar el actual mecanismo, ella que a su juicio es engorroso, ineficiente y requiere ajustes, cuyas modificaciones requerirían cambios a la actual Ley Indígena, que implica pasar por el Congreso previa Consulta Indígena. “No sólo es una medida que no resolverá el fondo del problema, sino que para su implementación deberá pasar por un largo proceso, cuando lo que requieren los habitantes de la Macrozona Sur es que el Estado se haga cargo hoy de los problemas más acuciantes que los afectan”, puntualizó la Senadora.

La parlamentaria reafirma que está por mejorar el mecanismo de compra y entrega de tierras, pero que es un profundo error del gobierno considerar esto como `el corazón del problema´, ya que si ese supuesto fuese cierto, ya se habría acabado el conflicto o gran parte de él. Además, remarca Carmen Gloria Aravena, aquí hay comunidades que reclaman reivindicaciones, pero no son parte del proceso de aplicabilidad, porque no presentan pérdidas de tierras; también está el caso de comunidades que teniendo aplicabilidad, no han recibido tierras porque son pacíficas y no ejercen violencia para conseguir asignación de tierras; y está el caso de otras que no les ha sido otorgado terrenos porque no cumplieron con los trámites o requisitos exigidos y se les acabó el plazo. “Frente a esto, qué debemos entender de esta nueva política de compras que quiere impulsar el gobierno, ¿Que le entregará tierras a todas las comunidades sin distinción?, plantea la parlamentaria por La Araucanía.

¿Un derecho preferente?

La Senadora Aravena también alerta de lo que acaba de aprobar el pleno en la Convención respecto al informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se consagra como mecanismo preferente la compra de tierras para la reparación y restauración de terrenos a las comunidades indígenas y donde se les otorga una protección especial a la propiedad de esos terrenos.

Al respecto, la Senadora advierte varios peligros de aprobarse una nueva Constitución con estas normas. La primera, es que las iniciativas consagran privilegios legales para determinados grupos de personas, estableciendo así ciudadanos de primera y segunda categoría, ya que se garantizarán derechos para algunos, en este caso, las comunidades indígenas, y no para todos. “Los convencionales que aprobaron esto deben explicar al país por qué garantizan con especial resguardo el derecho de propiedad a determinados grupos y al resto de la población no, ya que lo que se ha aprobado hasta ahora no garantiza un adecuado resguardo del derecho de propiedad”.

En esa línea, la congresista agrega que “esto podría significar un hecho muy grave, como es que un número importante de chilenos resulten desplazados de sus lugares donde viven o trabajan, porque el Estado deberá dar prioridad a la entrega de predios a comunidades indígenas, lo cual supone el fin del derecho de propiedad y una usurpación legal pero ilegítima de esos terrenos. El derecho de propiedad de los chilenos queda severamente debilitado, pero lo que sí se fortalece es el privilegio de ciertos grupos que tendrán el derecho de hacer literalmente lo que quieran”.

Carmen Gloria Aravena también pone el acento en lo que se considerará “precio justo” para establecer el valor y la compra de esos terrenos. “Quién o quiénes van a determinar el precio justo, de qué forma y en qué plazo se pagaría esa compra no queda clara, y probablemente quede en manos de un organismo burocrático que utilizará criterios políticos. Por ningún motivo estas normas pueden quedar consagradas en una Constitución, porque agravarán la violencia que ya existe en la Macrozona Sur y se ampliarán a otros puntos del país, con el agregado de la enorme incertidumbre que generarán, afectando las inversiones y el desarrollo económico del país”, concluyó la senadora.

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