La parlamentaria por La Araucanía advirtió que la paralización anunciada por el gremio pone en riesgo el acceso al agua de miles de familias y recordó que en noviembre el Senado aprobó una indicación de su autoría para exigir reportes trimestrales y prevenir intermitencias en el pago del servicio.
Ante el anuncio de paralización del servicio de camiones aljibe por parte del gremio de transportistas, debido a atrasos en los pagos por servicios prestados desde agosto, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, manifestó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en miles de familias que dependen de este sistema para acceder a agua potable, especialmente en zonas rurales.
La parlamentaria recordó que este escenario ya había sido advertido durante la discusión de la Ley de Presupuestos, razón por la cual en noviembre el Senado aprobó una indicación de su autoría que obliga a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a entregar informes trimestrales sobre el uso de los recursos destinados a la compra y distribución de agua mediante camiones aljibe, incluyendo pagos efectuados, saldos pendientes, comunas beneficiadas y medidas para asegurar la continuidad del servicio.
“Lo que hoy estamos viendo confirma una preocupación que manifestamos oportunamente. No podemos seguir reaccionando cuando el problema ya está instalado y el suministro de agua en riesgo”, señaló la senadora Aravena, enfatizando que la indicación busca precisamente evitar atrasos e intermitencias en los pagos que terminan afectando directamente a las familias.
En La Araucanía, más de 25 mil familias dependen del abastecimiento de agua a través de camiones aljibe, servicio que es prestado por cerca de 180 empresas en la región. Durante el año pasado, el gremio informó una deuda superior a $3.500 millones, situación que generó una profunda incertidumbre respecto de la continuidad del suministro.
En este contexto, la senadora Aravena hizo un llamado al Gobierno a abordar con urgencia los problemas administrativos y financieros que han derivado en estos atrasos, señalando que “el acceso al agua potable no puede quedar expuesto a conflictos de pago. El Estado tiene la obligación de garantizar este servicio básico con responsabilidad, previsión y transparencia”.
Finalmente, la parlamentaria recalcó que la implementación efectiva de la indicación aprobada es clave para anticiparse a estas crisis, asegurar continuidad en el suministro y resguardar el derecho al agua de las comunidades más vulnerables.
