Por: Carmen Gloria Aravena A., Senadora por La Araucanía
El proyecto de reforma constitucional que permite el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las zonas fronterizas es, sin duda, un paso en la dirección correcta que se complementa con la modificación constitucional de protección de infraestructura critica de la cual soy autora.
Durante años, Chile ha debido enfrentar desafíos inéditos en materia de seguridad: migración irregular, contrabando, narcotráfico y crimen transnacional han desbordado la capacidad de respuesta policial y puesto a prueba la eficacia del Estado en la defensa de su soberanía. Frente a ello, mantener una herramienta de protección fronteriza sujeta a renovaciones periódicas es una fórmula -a estas alturas- ineficiente e inestable. Dotar al Ejecutivo de una facultad permanente permite planificar mejor, consolidar capacidades logísticas y tecnológicas, y dar continuidad a una política pública que ha demostrado resultados concretos en el control territorial.
El despliegue militar no busca reemplazar a las policías, sino complementarlas en un entorno donde las amenazas son cada vez más complejas y de carácter transnacional. La presencia de las Fuerzas Armadas en frontera ha contribuido a contener el ingreso irregular, disuadir el crimen organizado y fortalecer la coordinación interinstitucional. Convertir esta atribución en una herramienta estable, más que un exceso, parece una medida de realismo político y de responsabilidad estratégica.
Sin embargo, el mismo avance que se celebra en eficacia operativa plantea una deuda en materia de control democrático. La nueva redacción constitucional invierte la lógica de supervisión: ya no será el Congreso quien autorice la extensión del despliegue, sino quien podrá revocarlo a posteriori, previa solicitud de un tercio de sus miembros. Este cambio reduce el control preventivo y concentra poder en el Ejecutivo, debilitando la rendición de cuentas en un ámbito donde la transparencia y la fiscalización son esenciales.
Si bien la urgencia de asegurar las fronteras es incuestionable, una democracia madura no debe elegir entre eficacia y control. Es posible —y necesario— conciliar ambos valores: robustecer la acción del Estado frente al crimen transnacional, pero también garantizar que las decisiones sobre el uso de la fuerza pública dirigidas por el Gobierno de turno permanezcan bajo escrutinio político permanente.
La seguridad nacional se fortalece cuando las instituciones cooperan y se vigilan mutuamente. La presencia permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo fronterizo puede ser una respuesta moderna y eficiente, siempre que venga acompañada de mecanismos de supervisión claros, periódicos y exigentes al Gobierno en su conducción. La eficacia operativa sin control parlamentario suficiente corre el riesgo de erosionar la confianza ciudadana, y esa, en última instancia, es la base de toda seguridad duradera.
