El Ministro de Justicia, Hernán Larraín es sindicado como responsable directo de llevar a un estado crítico, grave y extremo peligroso la huelga de hambre de los 27 presos políticos mapuche en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, principalmente en 9 casos que iniciaron tal medida el 4 de mayo, con promedio en pérdida de peso más de 30 kilos.

El Equipo de comunicaciones mapuche ha señalado: “Con todo el avance de los derechos humanos en el mundo, especialmente con respecto a los Pueblos Indígenas, El gobierno y en particular Larraín, está desoyendo al mundo democrático y no ha querido atender a tiempo las demandas de los presos mapuche, que por lo demás son legítimas, justas y legales, ya que cada una de ellas están en las facultades como Ministro de Justicia, en virtud de la Ley especial para población penal por la crisis sanitaria Covid 19, así como las administrativas otorgadas por las Normas legales y reglamentarias sobre régimen penitenciario, lo que se potencia aún más con lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, la Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, el Pacto San José de Costa Rica, entre diversos otros tratados internacionales”.

Agrega: “Personeros de gobierno han descartado que quienes están en huelga de hambre sean <<Presos Políticos>>, sin embargo el conjunto de los presos que llevan adelante esta medida de protesta en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, se les privó de toda posibilidad de acceder a los cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativa, que fue aplicado a 13.321 reclusos que salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, que equivale a un tercio de las personas actualmente privadas de libertad en Chile”.

También se señala que, en virtud de las facultades del Ministerio de Justicia y Gendarmería, se les ha privado a los prisioneros de acceder a medidas establecidas en la propia reglamentación carcelaria que otorga un debido acceso a Centros de Estudios y Trabajo o el derecho a la educación o capacitación.

“Estas medidas discriminatorias, afecta exclusivamente a una población penal con personas que tienen una importante historia en la reivindicación de los derechos del Pueblo Mapuche, muy especialmente con respecto a los derechos territoriales, varios incluso han sido objeto de sistemáticas acciones de represión, criminalización, penas abusivas, incluso montajes como el caso <<Operación Huracán>>, señalan desde las comunicaciones Mapuche.

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