La controversia se dio en el marco del proyecto que tipifica la tenencia de tecnología de comunicación –celulares, chips de telefonía y otros elementos– al interior de los penales. El senador Huenchumilla recalcó que la situación de trabajo de Gendarmería es de “alta exposición” y riesgo frente a la población penal, así como “de estrés permanente”. Por ello votó en contra de elevar la no denuncia, que actualmente sería una falta reglamentaria, a la categoría de delito. Sin embargo, la norma fue aprobada por cuatro votos a favor.
En comisión de Constitución del Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta y senador Francisco Huenchumilla cuestionó una norma del proyecto de ley que tipifica la tenencia de celulares y elementos tecnológicos en cárceles. En específico, un inciso del proyecto –que fue aprobado en su totalidad por la instancia, y despachado a la sala– pondrá en situación de delito a aquellos funcionarios de Gendarmería que detecten elementos tecnológicos y no los denuncien.
La preocupación del parlamentario pasa por el alto nivel de “exposición” que viven los gendarmes frente a la población penal, así como el estrés permanente que viven en sus labores diarias, “como para más encima decirles, usted, ande atento a si encuentra un teléfono”, argumentó.
El parlamentario sí logró cambiar en la redacción del inciso –finalmente aprobado por cuatro votos contra uno–, la exigencia al gendarme de “retener” en el mismo acto el aparato, dado el riesgo que podría representar para la integridad física del funcionario en ciertas instancias. Ello, sin perjuicio de que posteriormente el dispositivo sea requisado con las medidas de seguridad correspondientes.
Los argumentos
El parlamentario explicó que “nosotros ya aprobamos el Artículo 304 Bis, y establecimos un tipo penal en el cual se sanciona a las personas que introducen elementos tecnológicos al interior de los recintos penitenciarios”.
Para el legislador, en este escenario “Gendarmería debería adoptar todas las medidas tendientes al cumplimiento de esta ley, al ingreso de las personas, la revisión, los elementos de tecnología de detección de estos elementos (…) pero además, Gendarmería debería pensar qué hacer en el caso que estos elementos se introduzcan”, continuó.
“Entonces lo más probable es que Gendarmería va a hacer una reglamentación que diga, mire, en el caso que se encuentren elementos que hayan sobrepasado los controles, y por lo tanto estén dentro de los recintos penitenciarios, vamos a tomar estas, estas y otras medidas”, planteó el senador.
Sin embargo, el parlamentario previno que con el nuevo inciso aprobado “el legislador va más allá y le dice, pero si usted no denuncia, a usted yo lo voy a castigar como delito. Entonces yo tengo esa duda, si como política criminal es o no adecuado (…) estamos transformando todo esto en un círculo de denuncias, y de delitos, interminable”, planteó.
Situación de los gendarmes
El parlamentario, además, recalcó que los gendarmes “son funcionarios públicos. Pero ellos son formados, entran ahí, haciendo una labor difícil del Estado, que es tratar con los presos. No es una tarea sencilla, no es un paseo por la playa, o un trabajo de salvavidas, sino que están realmente en una situación de estrés permanente, como para más encima decirles, usted, ande atento si encuentra un teléfono”.
El legislador puso especial atención en “la exposición que ellos tienen permanentemente, porque su trabajo es estar también semi encerrados, y compartir también lo que significa estar en las cárceles. Entonces mi pregunta es si esa es una buena política criminal, como Estado, de colocar a los ciudadanos que les damos uniformes, que los formamos, para cuidar a los presos, a los miles de presos que hay (…) nosotros les vamos a decir, usted, si esto no lo hace, lo vamos a elevar a la categoría de delito”.
“¿No sería mejor que esto quedara a nivel de reglamento, y que haya operativos planificados en que participen muchos, en que se haga una revisión, y no hacerlo bajo una responsabilidad del funcionario? Esa es mi duda”, puntualizó el legislador frente a la normativa, que finalmente terminó aprobándose.
El inciso aprobado al respecto considera lo siguiente: “El funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados (…) omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo, y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio”.
