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jueves, diciembre 8, 2022
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«No podemos seguir haciendo vista gorda a la importancia de que familias víctimas de femicidios tengan una reparación, ellas no pueden seguir esperando»

La diputada RD, Ericka Ñanco se refirió al despacho de la iniciativa parlamentaria, que

busca que el Estado se haga cargo de la reparación a las familias de mujeres asesinadas

por sus parejas, como una medida urgente y congruente con el Gobierno feminista que ha

planteado el Presidente Gabriel Boric.

Aprobado en general, tras una larga discusión este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados,

quedó el proyecto de Ley que establece una Reparación Integral a familias víctimas de femicidio.

La iniciativa, que fue elaborada por las Diputadas miembro de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de manera transversal, permite la creación y fortalecimiento de acciones efectivas para la protección y reparación de víctimas de femicidio.

El Proyecto de ley ahora vuelve a las comisiones afín, para ser revisadas en detalle sobre el

articulado del documento.

La Diputada Ericka Ñanco, manifestó que lo importante es que el Estado se haga cargo de una

situación dura para las mujeres de nuestro país y sobre todo, para sus familias, quienes quedan

destruidas cuando ocurren femicidios. «No podemos seguir haciendo vista gorda a la importancia de que familias víctimas de femicidios tengan una reparación, ellas no pueden seguir esperando. Acá tenemos que ponernos a trabajar para ir en apoyo de esas familias que perdieron a sus hijas, madres o hermanas, y que quedan solas ante la indefinición del

Estado», concluyó la parlamentaria.

El proyecto contempla once artículos y tiene como principal objetivo el Principio de debida diligencia, el cual propone el deber de las instituciones policiales de utilizar todos los medios disponibles para realizar investigaciones que den con el paradero de femicidas, además de establecer el Derecho a la protección integral.

Además, esta ley viene a hacerse cargo de las familias, garantizándoles cobertura en salud, acceso a la educación y la vivienda, además tiene como prioridad la protección de los hijos, suspendiendo de esta manera el derecho de “patria potestad” de los acusados.

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