Por años, nuestro país ha sufrido una violencia que ha cobrado vidas y desestabilizado regiones enteras, especialmente en la Macrozona Sur. La aprobación de la nueva Ley Antiterrorista representa un gran avance para enfrentar esta situación, ya que la ineficiencia de la ley vigente desde 1984 ha impedido condenas significativas por terrorismo.
Hoy, Chile ocupa el lugar 17 en el índice global de terrorismo, una realidad inaceptable. Las acciones de grupos radicales que queman camiones, destruyen iglesias e infunden miedo no pueden seguir siendo minimizadas como “violencia rural”.
La nueva ley moderniza nuestro ordenamiento jurídico, incorporando delitos graves como secuestro, tortura y homicidio con carácter terrorista, además del financiamiento ilícito y la incitación a través de redes sociales. Facilita, además, herramientas investigativas clave, como la intervención de comunicaciones, indispensables para enfrentar a grupos organizados que operan incluso desde la cárcel.
Uno de los logros relevantes será la creación de una Estrategia Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo, porque debemos ser capaces de anticiparnos y desarticular la orgánica terrorista con inteligencia y coordinación eficiente entre todas las instituciones.
Para quienes vivimos en La Araucanía, esta ley no es solo un tema jurídico: significa la posibilidad de recuperar la paz para familias campesinas, trabajadores y pequeños emprendedores, víctimas del terrorismo por décadas. Declaraciones recientes de grupos como la WAM, que justifican su violencia y sus objetivos separatistas, son prueba de que enfrentamos una guerrilla organizada que busca imponer sus fines mediante el miedo y las armas.
Sin embargo, esta ley es solo el primer paso. Se requiere avanzar en Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), una Ley de Inteligencia eficiente y un programa de reparación integral para las víctimas. Además, es fundamental garantizar que jueces y fiscales puedan actuar con independencia y seguridad, incluso trasladando causas fuera de la región de ser necesario.
El terrorismo nos ha golpeado con fuerza, con consecuencias económicas y humanas devastadoras. La nueva Ley Antiterrorista no es una solución mágica, pero sí un paso adelante para enfrentar esta amenaza y devolver la seguridad y tranquilidad que merecemos. Es momento de actuar sin cegueras ideológicas y con un objetivo claro: proteger la democracia, el Estado de Derecho y la vida de todos nosotros.
