En el oficio presentado por Miguel Mellado y Carla Morales cuestionaron la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en casos de “falsas víctimas”, entre ellos uno de Temuco, y advierten que condicionarán el presupuesto 2026 del organismo si no entregan una respuesta.
Tras denuncias de falsas víctimas del estallido social, quienes hoy reciben el beneficio de pensión de gracia, el diputado Miguel Mellado junto a la diputada Carla Morales solicitaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que informen los patrocinios realizados a supuestas víctimas del estallido, quienes acusaron diferentes lesiones por parte de “agentes del estado”.
Además, en el oficio, también solicitan que se informen sobre mecanismos de reparación para Carabineros que fueron perseguidos penalmente de forma arbitraria durante y después del estallido social de 2019.
El oficio se basa en recientes antecedentes, entre ellos el caso de Juan Francisco Villalobos Prado, quien recibió más de $16 millones en pensiones de gracia como “víctima del estallido”, pese a que estuvo prófugo por una causa de estafa que fue cerrada sin pruebas contra Carabineros.
A ello se suma el caso de Francisco Gatica Catalán, quien denunció un trauma ocular en Temuco, pero cuya lesión, según determinó el Consejo de Defensa del Estado, se originó tras sufrir un accidente automovilístico en Cunco, tras colisionar contra un árbol y un poste en la ruta S-377.
“Hoy estamos frente a una situación inaceptable. Se usaron recursos públicos para perseguir a carabineros y militares sin pruebas suficientes, arruinando vidas y carreras profesionales, mientras verdaderos estafadores recibieron beneficios millonarios del Estado, con mentiras”, afirmó el diputado Miguel Mellado.
El legislador aseguró que el INDH “perdió toda objetividad durante el estallido social” y que “lo que hubo fue una persecución política hacia quienes cumplían con su deber de mantener el orden público, particularmente en regiones como La Araucanía”.
En el documento se denuncia que el INDH actuó con negligencia y falta de rigurosidad tanto en la presentación de querellas como en la acreditación de víctimas. Según Mellado, esta situación generó un fraude al Estado y “una profunda injusticia” hacia funcionarios policiales y militares.
“Casos como el de Temuco, donde personas fueron calificadas como víctimas sin peritajes ni pruebas médicas serias, son el reflejo de un sesgo institucional. Y mientras eso ocurría, se destruía la imagen de nuestros carabineros”, enfatizó Mellado.
Los diputados solicitaron también que el próximo informe anual del INDH incluya un capítulo especial sobre la persecución arbitraria del Estado a sus propios agentes y advirtieron que, de no haber avances, Renovación Nacional condicionará su respaldo al presupuesto 2026 para el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“La protección de los derechos humanos no puede ser selectiva ni funcional a intereses políticos. Es hora de corregir los abusos cometidos durante estos años y de reparar a quienes fueron injustamente acusados”, concluyó Mellado.
