El Ejército de Chile cumple un papel esencial en la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad interna del país. Sin embargo, su relevancia se ha vuelto aún más evidente frente a la persistente crisis de seguridad que afecta a la Macrozona Sur. En regiones como La Araucanía y el Biobío, la violencia y el terrorismo obligan a mantener el Estado de Emergencia hace ya más de tres años, en los que las Fuerzas Armadas —y particularmente el Ejército— desempeñan una labor clave en el resguardo de las familias mapuche y no mapuche. En el mismo sentido, lo hace en la Macrozona Norte en el resguardo de zonas fronterizas.
En este escenario, el presupuesto 2026 del Ejército presenta una variación nula (0,0 %) respecto de 2025, e incluso una disminución de -0,1 % en gastos de personal, según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Esta situación resulta preocupante. Las operaciones continuas en las zonas donde opera demandan recursos logísticos, mantenimiento de equipos, transporte terrestre y aéreo, y apoyo a contingentes que cumplen funciones en terreno las 24 horas del día. Mantener un presupuesto congelado frente a mayores exigencias operativas implica una pérdida real de capacidad.
La violencia y el terrorismo en La Araucanía o la inmigración clandestina en la Macrozona Norte no es un fenómeno transitorio. Su carácter sistemático y organizado requiere una presencia sostenida del Estado respaldada por una institucionalidad militar profesional y adecuadamente financiada. En los últimos años, los efectivos del Ejército han debido compatibilizar sus misiones tradicionales con nuevas tareas de seguridad interior, control fronterizo, apoyo en catástrofes naturales y asistencia humanitaria. Sin un incremento proporcional de recursos, se pone en riesgo la eficacia y la moral de la fuerza terrestre.
Por ello, resulta imperativo que el Gobierno incremente el presupuesto 2026 para el Ejército de Chile, priorizando la renovación de material logístico, la mantención de unidades desplegadas y la mejora de las condiciones del personal. La defensa nacional no es un gasto, sino una inversión en estabilidad y cohesión social. En un país donde la amenaza interna se ha vuelto persistente y las misiones de seguridad se multiplican, el Ejército no puede ser tratado como un componente estático del gasto público, sino como un pilar activo para garantizar la paz, la seguridad y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
