El Estado chileno da un paso decisivo hacia una justicia más equilibrada con la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos, una iniciativa que nació durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera y que busca saldar una deuda histórica con quienes han sufrido el impacto directo del delito.
La propuesta, impulsada originalmente desde el Poder Ejecutivo, representa un cambio estructural en la manera en que Chile entiende la protección y acompañamiento a las víctimas, otorgándoles por primera vez representación jurídica, apoyo psicológico y orientación social financiada por el Estado.
La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, valoró el sentido de justicia que inspira esta medida, señalando que “se trata de un proyecto largamente esperado, que reconoce una verdad incuestionable: durante años el Estado ha garantizado defensa al imputado, pero ha dejado sola a la víctima”.
“Esta iniciativa comenzó en el gobierno del presidente Piñera y retoma una idea profundamente justa —precisó Aravena—. En nuestro sistema penal, quien comete el delito tiene asegurada una defensa profesional, mientras quien lo sufre enfrenta el proceso sin acompañamiento ni orientación. Esa desigualdad es lo que hoy debemos corregir.”
El nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas será un organismo público descentralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con presencia en todas las regiones del país. En territorios como La Araucanía, donde la violencia y la victimización han marcado profundamente a las comunidades, su creación cobra especial relevancia.
“La justicia no puede ser solo castigo —advirtió la senadora—. También debe ser reparación, contención y confianza. Una víctima escuchada y acompañada recupera la fe en las instituciones y en el Estado de Derecho.”
El servicio ofrecerá una atención integral, que incluirá representación judicial gratuita, orientación legal, apoyo psicológico y mediación en conflictos familiares. La atención prioritaria se concentrará en delitos graves como homicidios, femicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, trata de personas, terrorismo y crimen organizado.
El proyecto contempla además la coordinación directa con la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, con el fin de asegurar un trabajo interinstitucional más eficaz. Su implementación, según el informe financiero, demandará más de 13 mil millones de pesos anuales y se ejecutará de manera gradual.
Aravena subrayó el valor político y moral de esta decisión: “Este es un mensaje claro al expresidente Sebastián Piñera, bajo cuya administración se gestó este proyecto. Hoy se le da continuidad a una política pública que reconoce la dignidad de las víctimas y fortalece la confianza en la justicia chilena. No se trata de banderas partidistas, sino de cumplir una deuda ética con el país.”
Para regiones como La Araucanía, donde el dolor, la inseguridad y la sensación de abandono han sido parte del día a día, esta Defensoría se proyecta como una señal concreta de justicia y reparación.
De la soledad a la representación: el país da un paso histórico en favor de las víctimas”
