- La iniciativa, que moderniza el marco normativo de convivencia escolar y fortalece el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección del bienestar socioemocional.
Las y los parlamentarios integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara y el Senado aprobaron este miércoles el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, una propuesta que responde a los crecientes desafíos que enfrentan los establecimientos del país y que busca garantizar ambientes seguros, inclusivos y respetuosos para niños, niñas, adolescentes y equipos educativos. Con este respaldo, la iniciativa deberá ser votada en Sala de la Cámara Baja.
En la instancia, participó la senadora Yasna Provoste y los senadores Gustavo Sanhueza, Jaime Quintana y Felipe Kast; las diputadas Emilia Schneider, Daniela Serrano y los diputados Arturo Barrios, Hugo Rey y Stephan Schubert.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando que se trata de una transformación necesaria y de carácter estructural. “Chile necesita este proyecto. Chile necesita la ley de convivencia. Nuestro sistema educativo lo precisa con urgencia. La investigación y la evidencia nos indican que cuando los climas de los espacios educativos no son los adecuados, los aprendizajes no suceden o cuesta mucho que se puedan llevar adelante. Es por eso que este proyecto tiene un profundo sentido pedagógico. No es solamente un tema de justicia en materia de Derechos Humanos, de respeto, de dignidad. Es también, sobre todo, un proyecto que busca y apunta a la excelencia y a la mejora del sistema educativo”, indicó el titular de Educación.
Asimismo, la autoridad enfatizó que este avance no solo aborda conflictos y situaciones de violencia, sino que instala una mirada formativa de largo plazo.
Cataldo también subrayó que, si bien el sistema educativo ha mostrado mejoras sostenidas en asistencia, aprendizajes y revinculación tras la pandemia, persiste una deuda en materia de bienestar, haciendo necesaria su aprobación: “El indicador que tiene mayor rezago es precisamente el de la convivencia educativa y el bienestar socioemocional. Esto es una deuda que el Estado de Chile tiene con los niños y niñas de nuestro país, con nuestro futuro, que al mismo tiempo también es nuestro presente”.
Principales aspectos del proyecto
La propuesta aprobada establece un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación. Entre sus medidas destacan:
- Creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, que articulará acciones junto a ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
- Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, fortaleciendo la gestión interna y el acompañamiento preventivo de los equipos escolares.
- Actualización de los Reglamentos Internos y Planes de Gestión de Convivencia, incorporando medidas preventivas frente a riesgos como violencia, consumo de drogas y mecanismos de detección y derivación de casos críticos.
- Fortalecimiento de la Superintendencia de Educación, otorgándole un rol más activo en fiscalización y apoyo preventivo. Además, se crea el Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad.
- Actualización de la Ley General de Educación y del Estatuto Docente, incorporando protocolos obligatorios contra acoso sexual y laboral, en línea con la Ley N.º 21.643, y procedimientos para el reconocimiento de enfermedades profesionales vinculadas a la salud mental.
Uno de los ejes transformadores del proyecto es el programa de bienestar socioemocional, que reorganiza la jornada escolar completa para fortalecer el vínculo, la participación y el desarrollo integral, devolviendo el sentido a la jornada escolar completa, con la incorporación de talleres deportivos, culturales y recreativos propuestos por las propias comunidades educativas.
El programa ya inició un piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur, teniendo una positiva recepción desde las comunidades educativas.
