Por: Carmen Gloria Aravena
Senadora por La Araucanía
Existe un tema que pasa a segundo plano la mayoría de las veces: los ingresos económicos que la Macrozona Sur ha dejado de percibir a causa de la violencia.
La violencia y el terrorismo que afectan a esos territorios, se asumen como parte del paisaje, donde la vida de las personas está expuesta de forma permanente. Pero además existe otro derecho que se encuentra constantemente amenazado, como es la propiedad privada y el libre emprendimiento de miles personas, incluso de aquellas que no viven allí. Pensemos en cuántas personas ya no quieren vivir más en la Macrozona Sur, cuántas actividades económicas han retrocedido y cuántos inversionistas ya no quieren invertir, afectando la creación de miles de puestos de trabajo.
Un ejemplo concreto de esto es lo que ocurrió en la Dirección de Educación Municipal de Angol, que ha decretado desiertas dos licitaciones destinadas a contratar servicio de transporte escolar, afectando a miles de estudiantes. Esto muestra cómo el clima de violencia perjudica la provisión de servicios.
Por lo tanto, el terrorismo no sólo es un problema político grave, sino que también un freno económico que impide desarrollar actividades o la prestación de servicios que beneficiarían directamente a las comunidades. Es necesario tomar conciencia del tema, porque la solución al conflicto tiene diversas aristas, y mientras se mantenga la violencia, será casi imposible ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes de la Macrozona Sur.
En esa línea, resulta fundamental que el Estado de Chile se haga cargo del problema y cumpla con su deber de ofrecer condiciones de seguridad. Sólo así será posible que las demás actividades se lleven a cabo de forma normal, mejorando la economía de esas regiones y permitiendo que superen gradualmente la pobreza.
