Por: Victor Nain, antropólogo
El royalty minero ha sido presentado como un avance relevante en materia de justicia territorial. A través de la Ley N° 21.591, el Estado chileno estableció un impuesto específico a grandes explotadores mineros, especialmente asociado a la gran minería del cobre, con el propósito de redistribuir parte de la riqueza generada por la explotación de recursos naturales no renovables. Una fracción de estos recursos se destina a gobiernos regionales y municipios mediante distintos instrumentos, entre ellos el Fondo de Equidad Territorial, orientado a disminuir brechas presupuestarias entre comunas con menor capacidad de recaudación propia.
En La Araucanía, región que no cuenta con comunas mineras, los recursos llegan exclusivamente mediante dicho Fondo de Equidad Territorial. En 2025, 31 comunas de la región (todas salvo Temuco) recibieron más de 16.500 millones de pesos. Se trata de una cifra significativa y de una oportunidad concreta para financiar infraestructura, equipamiento, conectividad, servicios locales y proyectos de desarrollo comunal. Sin embargo, esta buena noticia también abre una pregunta necesaria: ¿cómo asegurar que estos recursos dialoguen efectivamente con las prioridades de los territorios y, en particular, con las comunidades mapuche?
La Araucanía concentra una de las mayores proporciones de población indígena del país. Comunas como Saavedra, Cholchol, Nueva Imperial, Carahue, o Teodoro Schmidt poseen una alta presencia mapuche, junto con indicadores persistentes de ruralidad, pobreza multidimensional, rezago en conectividad, minifundio y déficit histórico de inversión pública. En estos territorios, la equidad territorial no puede entenderse únicamente como transferencia de recursos desde el nivel central hacia los municipios. También requiere pertinencia intercultural, participación efectiva y reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El problema no radica en desconocer el rol de los municipios o en cuestionar la legitimidad de sus autoridades democráticamente electas. Por el contrario, los gobiernos locales cumplen una función clave en la planificación y ejecución de inversiones comunales. El punto crítico es otro. El diseño actual del royalty transfiere recursos al nivel municipal, pero no establece mecanismos específicos que garanticen la incidencia de las comunidades indígenas en la priorización, seguimiento y evaluación del uso de esos fondos. En consecuencia, el destino de los recursos queda sujeto a la planificación municipal convencional y a los acuerdos del concejo, sin una instancia diferenciada que permita recoger las prioridades de comunidades mapuche que habitan esos mismos territorios.
Esta situación muestra el límite de una política pública aparentemente neutral. El Fondo de Equidad Territorial busca reducir desigualdades entre municipios, pero no necesariamente reconoce las desigualdades internas que existen dentro de cada comuna. Tratar de igual manera a comunas con alta presencia indígena y a comunas donde esta dimensión no tiene el mismo peso territorial puede producir una redistribución incompleta. En regiones como La Araucanía, la justicia territorial requiere incorporar explícitamente la variable indígena, no como privilegio, sino como reconocimiento de una realidad histórica, demográfica, cultural y jurídica.
Desde esta perspectiva, el royalty sigue funcionando principalmente bajo una lógica descendente, o top-down, donde el Estado recauda, define criterios generales, transfiere recursos a los municipios y estos determinan su uso conforme a sus prioridades locales. Esa lógica es necesaria, pero insuficiente. Debe complementarse con mecanismos bottom-up, es decir, construidos desde abajo, desde las comunidades, sus diagnósticos, sus capacidades organizativas y sus prioridades territoriales. No basta con que el dinero llegue administrativamente a la comuna; también debe existir un camino institucional para que los territorios inciden en su destino.
Una medida sería establecer mecanismos de participación indígena incidente en la priorización de proyectos financiados con estos fondos, especialmente cuando las inversiones se ejecuten en territorios donde existen comunidades indígenas. Una segunda medida sería crear una línea de transferencia directa para comunidades y organizaciones indígenas, orientada a proyectos de desarrollo endógeno, soberanía alimentaria, infraestructura comunitaria, riego, semillas nativas, economía familiar mapuche, turismo indígena y fortalecimiento organizacional.
El argumento de que las comunidades no tendrían capacidad técnica para participar en la gestión de recursos públicos no resiste mayor análisis. Durante décadas, comunidades, asociaciones y mesas territoriales mapuche han formulado, ejecutado y rendido proyectos financiados por CONADI, INDAP, FOSIS,BID, municipios, gobiernos regionales y otros organismos públicos. Existe experiencia, conocimiento territorial y capacidad de gestión. Lo que se requiere es una institucionalidad que reconozca esas capacidades y las incorpore de manera más decidida en la toma de decisiones.
El royalty minero puede ser un avance real en la justicia territorial. Pero en una región como La Araucanía, donde la cuestión indígena atraviesa la historia, la economía, la ruralidad y la organización social del territorio, esa justicia seguirá siendo parcial si no incorpora un enfoque intercultural.
