Por: Emilio Orive Plana
A fin de cuentas, digámoslo derechamente, los más viejos hemos terminado quebrándonos la cabeza por una nueva Carta Magna que nos promete pensiones más justas y dignas, acorde a nuestras necesidades pero también pensamos, por lo menos yo, que somos el sector pasivo del sistema o sea, el menos productivo para la economía, junto con los jubilados, desempleados etc. y nos transformamos en un cacho para cualquier gobierno a no ser que nos toque votar o para no hacerlo, según le convenga a los intereses de coalición imperante.
Los adultos mayores hemos vivido siempre de promesas incumplidas, además conocemos la historia y los días turbulentos del pasado cuando teníamos que mendigar por medio litro de aceite o un kilo de azúcar, para llegar a fin de mes y tuvimos que sobrevivir con la infame vergüenza del trueque para que nuestros hijos, ahora adultos no pasaran hambre, por eso miramos con desconfianza los procesos nuevos como la Constitución.
Lo que me da mala espina, son los artículos sobre la propiedad. Pienso que el derecho de propiedad va mucho más allá de eso, incluso del uso y goce de las eventuales viviendas populares.
El verdadero problema está en el conflicto de tierras que viene arrastrándose del siglo pasado y antepasado donde si, hubo abusos con la usurpación de parte del Wallmapu ancestral, permutado con amenazas por terrenos arcillosos en la costa donde solo sobreviven los cardos y las matas de chupón.
Tengo muchas dudas al respecto: ¿Cuáles son, específicamente, los territorios mapuche en la VIII, IX y X regiones que deben ser restituidos y desde que fecha se entiende como “usurpación”? ¿Como se determinará el “justo precio” de propiedades ocupadas, en éste caso, por no mapuche incluso, ciudades emplazadas en terrenos ancestrales? ¿Que va a pasar con las demandas de los mapuche que viven en Santiago y casados con Huinca por tercera o cuarta generación, que son más del doble de los que viven en el Sur y que por los motivos que fuere no poseen terrenos propios o heredados? Es algo bien difícil de definir porque supone el arbitrio caprichoso de las leyes y de como interpreten el borrador escrito.
Habría que comenzar por precisar el significado de la palabra propiedad que en rigor tiene definiciones bastante ambiguas: ¿A quién pertenecen los bienes nacionales de uso público? Además de parques, calles y plazas, hay miles de ha de los llamados terrenos fiscales. ¿Son de todos y cada uno de los chilenos? Parece que si, puesto que grandes extensiones están ocupadas para forzar las demandas justas de vivienda, pero es muy feo que también se use la prepotencia política para usufructuar de una segunda vivienda frente al mar en un terreno fiscal, lo que me parece el colmo de los colmos.