El lunes 18 de junio la carretera de la Costa amaneció cortada por cerca de 100 personas, en su mayoría, pertenecientes a comunidades mapuche aledañas al sector Chomio, kilómetro 10, de la ruta que une Tranapuente con Tirua.
La razón que impulsó a los lugareños a adoptar la medida de fuerza fue la mala calidad de la construcción de obra y la nula respuesta hacia la comunidad por las fallas detectadas en el megaproyecto, especialmente los reiterados socavones aparecidos después del frente de mal tiempo que afectó a la región.
El petitorio de las comunidades era una reunión con el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Henry Leal para acordar el proceso a seguir. Unos de los principales temas en cuestión también era la insolvencia económica de la empresa, declarada en quiebra, que adeudaba sueldos a sus trabajadores y subcontratista, presentes en la protesta.
El Seremi del MOP, Henry Leal llegó cerca de las 16:00 horas al lugar donde se acordó con la comunidad realizar una inspección con trabajadores y funcionarios de Obras Públicas a toda la carretera con el objetivo de constatar el mal estado de la ruta. Después de las 17:00 horas la ruta quedó habilitada para el tránsito normal.
Preocupación
El dirigente Bladimir Painecura indicó que “se sigue manteniendo la preocupación por cómo esta empresa aborda la situación en la obra, creemos y lamentamos que comienza un proceso largo de culminar con la carretera de la Costa. Solicito al MOP tomar las cartas sobre el asunto para resguardar los recursos necesarios que aseguren la finalización de la obra, tal como se estipula en el contrato”.
Painecura lamentó que el gobierno anterior no evaluara la solvencia económica de la empresa al momento de adjudicarle el proyecto.
“Esta empresa de los hermanos Becker ya había quebrado una vez”, añadió.
Según información recogida por diversos medios de comunicación sociales, el propietario de la constructora CIAL, Alejandro Becker, confirmó el lunes 18 de junio el quiebre de la empresa. Becker argumentó que no tiene dinero para seguir pagando a sus trabajadores, contratistas y proveedores.
Por su parte, el seremi Henry Leal aclaró a que en la región no se le adeuda dineros a CIAL y todo está pagado según avances y lo estipulado en los contratos. También indicó que las garantías financieras a cargo del ministerio de Obras Públicas serán destinadas prioritariamente a pagos de sueldo e imposiciones a los trabajadores que quedarían cesantes.
Desde la Municipalidad de Carahue informaron que el Departamento Jurídico asesorará a los trabajadores para tramitar las demandas.
