El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de La Araucanía, en una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sede Araucanía, realizaron una intensiva «Capacitación sobre Derechos Humanos aplicados a la Reinserción Social Juvenil».
La iniciativa fue dirigida a los funcionarios y funcionarias del Servicio en la región y tiene como objetivo principal fortalecer sus competencias y entregar herramientas de intervención. Esto buscó asegurar que todos los procedimientos del Servicio garanticen el pleno respeto de los derechos fundamentales de las y los jóvenes que atiende, en estricta concordancia con el nuevo modelo especializado (MIE), la misión del Servicio y los estándares nacionales e internacionales vigentes.
Enfoque en Derechos y Desafíos Constantes
Jorge Vásquez, jefe subrogante del Departamento de Ejecución de Medidas y Sanciones del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, destacó que los desafíos que presenta el nuevo modelo son múltiples y se extienden desde la intervención directa de gestores de casos e interventores hasta la elaboración de planes de trabajo.
Vásquez resaltó que un desafío constante es la aplicación de un enfoque intercultural con enfoque de derechos que permita concebir al sujeto de intervención como un sujeto de derecho.»Observar desde esta región en particular un enfoque intercultural con enfoque de derecho que permita concebir al sujeto de intervención como un sujeto de derecho, es un desafío constante» destacó.
El jefe subrogante complementó que lo que se espera es que «se consideren las particularidades de las necesidades de cada uno de los casos por los cuales se interviene», tomando en cuenta:
- Una perspectiva de la criminología del desarrollo.
- El ciclo vital del desistimiento delictivo.
- Otras innovaciones introducidas con la reforma, pensando en las propias necesidades de pertinencia cultural de los jóvenes con los que se trabaja.
Otro desafío importante que mencionó Vásquez es el relacionado con las innovaciones que están ocurriendo en la región, tales como:
- El despliegue de la mediación penal.
- La implementación de los informes técnicos en el circuito judicial.
Con esta acción, ambas instituciones reafirman su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en la región, especialmente de aquellos grupos que requieren una especial protección por parte del Estado.
