“Funo a degenerado pervertido que hace citas a jovencitas y envía fotos desnudo para luego invitarlas a moteles jactándose de ser funcionario público”. Es la publicación que Evelyn Cruces Rubilar realizó el 15 de julio en el grupo de Facebook Publiavisos Nueva Imperial y que acompañó con imágenes íntimas de un hombre.
En su mensaje, Cruces, acusaba a su expareja Guido Mondaca Lobos con quien tuvo una relación de 3 años y había finalizado 3 meses antes del episodio.
La denuncia permaneció alrededor de 2 horas en el sitio y luego fue borrada por la propia mujer, que además usó una cuenta falsa para efectuar la descalificación.
Querella
La víctima de la “funa”, como se denomina popularmente al repudio público contra una persona, recibió innumerables insultos y críticas por la supuesta actitud. También fue blanco de cuestionamientos por ser funcionario de Gendarmería de Nueva Imperial, institución de la que es miembro hace 20 años.
El caso le significó una amonestación escrita de parte de las autoridades institucionales y el inicio de una investigación sumaria.
Para defender su dignidad, Guido Mondaca, se querelló contra su exnovia por injurias hechas con publicidad y en el escrito, presentado ante el tribunal local, desmintió las acusaciones aludiendo que “no soy un depravado ni degenerado como mi ex pareja señala, y las conversaciones que sostuve fue en un contexto de reconquista e intimidad. Soy padre de familia y laboralmente he tenido una carrera intachable, lo que claramente me tiene muy dañado”.
Durante el proceso judicial la parte demandante presentó los antecedentes que acreditaron el delito de injurias. Sin embargo, el proceso judicial terminó el 14 de noviembre con una petición de disculpas públicas tras un acuerdo reparatorio.
“No llegamos a juicio, la causa terminó y mi cliente logró lo necesario para limpiar su imagen, sobre todo en el plano laboral. El procedimiento en este tipo de casos dice que el tribunal se puede pronunciar para una conciliación si las partes están de acuerdo, eso está reglamentado y nosotros llegamos a eso”, señaló la abogada Natalia Báez.
“El delito de injurias se produce cuando hay una acusación falsa y además se hace con publicidad. Este caso tenía una agravante, porque uno puede decir que alguien es ladrón y tal vez a esa persona no le afecte tanto, pero si además lo publica debe hacerse cargo de sus dichos ante los tribunales”, añadió.
La jurista aseguró que esta sanción marca un precedente para la zona, puesto que en el último tiempo se ha masificado este tipo de prácticas.
“Todos los días veo en las redes sociales a gente que se atreve decir cualquier cosa sobre otros, nadie se encarga de desmentir y las publicaciones siguen vigentes. Son delitos de acción privada y eso en Nueva Imperial es muy extraño, porque comúnmente la gente no se querella por un tema de recursos y porque la Fiscalía no está comprometida, no hay un interés público entre medio. Entonces alguien que se quiere querellar y se siente vulnerado en su derecho por una publicación así, tiene que hacerlo a través de un abogado particular”, subrayó.
De acuerdo al Artículo 418 del Código Penal, las injurias graves hechas por escrito y con publicidad serán castigadas con las penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio y una multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
La abogada Natalia Báez patrocinó el caso
