La indicación aprobada establece que Subdere deberá informar trimestralmente el uso de los recursos destinados a la compra y distribución de agua vía camiones aljibe en todo el país, detallando pagos, cobertura, comunas beneficiadas y medidas para garantizar la continuidad del servicio, en un contexto nacional marcado por la escasez hídrica.
En el marco de la discusión presupuestaria, la Sala aprobó la indicación presentada por la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, que obliga a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a entregar informes trimestrales sobre la ejecución de los recursos destinados a la compra y distribución de agua vía camiones aljibe en Chile.
La indicación dispone que Subdere deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las comunas beneficiadas, la población atendida, pagos efectuados, saldos pendientes y las medidas impulsadas para incentivar la competencia e incorporar nuevos actores al servicio. También deberá detallar las acciones adoptadas para asegurar la continuidad del suministro y considerar variaciones en los costos operativos.
La senadora Aravena valoró la aprobación señalando que “la transparencia en el uso de los recursos asociados a los camiones aljibe es fundamental, especialmente en un país que enfrenta una crisis hídrica prolongada y donde miles de familias dependen de este servicio para acceder a agua potable”.
Chile se encuentra entre los 18 países con mayor estrés hídrico del mundo, según el WorldResourcesInstitute, lo que refuerza la necesidad de un control más riguroso sobre los recursos destinados al abastecimiento básico.
En la región de La Araucanía, esta situación es especialmente crítica: más de 25 mil familias dependen de camiones aljibe para recibir agua, y son alrededor de 180 las empresas que proveen y distribuyen agua diariamente a las familias de la región, trabajando de forma permanente para asegurar el suministro.
Cabe recordar que el año pasado, en esta misma región de La Araucanía, se informó que el Gobierno mantenía una deuda superior a $3.500 millones con el gremio de camiones aljibe por servicios ya prestados, generando preocupación por la continuidad del suministro y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En dicha línea, la senadora enfatizó que esta indicación “también busca evitar nuevas situaciones de intermitencia en los pagos, como las ocurridas el año pasado, que pusieron en riesgo la entrega de agua para miles de familias”.
“No podemos permitir que se repitan escenarios donde los atrasos de pago ponen en riesgo un servicio que es vital. La ciudadanía merece claridad, continuidad y una gestión responsable. Esta indicación apunta precisamente a fortalecer esa transparencia”, afirmó la senadora por La Araucanía.
