La congresista entregó detalles de su iniciativa legal que considera, entre otras cosas, indemnizaciones para víctimas y también los familiares de personas fallecidas en el contexto del conflicto, así como compensaciones por afectación física, psicológica o material.
Ante la Comisión para la Paz y el Entendimiento fue presentado un proyecto de ley de reconocimiento y reparación integral para las víctimas de hechos de violencia y actos terroristas ocurridos en la Macrozona Sur.
La senadora por La Araucanía presentó una iniciativa legal con el objetivo de «reconocer a las víctimas de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur y establecer un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones y garantías con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción delictual en las víctimas, sus familias y en toda persona que haya sufrido afectación física o psíquica».
En el documento, la legisladora recuerda que «la violencia y terrorismo en la Macrozona Sur es un espiral de violencia que comenzó con el atentado del 1 de diciembre de 1997 en Lumaco» y que, solo desde el año 2013 al 2024 se contabilizan 8.373 hechos de violencia, es decir, un promedio de dos actos violentos al día.
«Por estos hechos se registran 60 fallecidos, 1.410 personas lesionadas y 4.701 bienes afectados, entre viviendas, vehículos y maquinarias, además de 81 iglesias y 37 escuelas afectadas (…) con la afectación de todos los derechos fundamentales que eso conlleva, como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a la integridad personal, de libre circulación, al trabajo y a la residencia, en el caso de quienes han terminado obligados a desplazarse», se establece en el proyecto de ley.
La senadora Aravena dio a conocer su proyecto de ley ante la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia de la que ella también es parte, en calidad de comisionada.
En ese sentido, explicó que su iniciativa reconoce a todas las personas que hubieran resultado afectadas por hechos violentos ocurridos desde el 1 de diciembre de 1997 en adelante, tanto por consecuencias físicas, como psicológicas o por daños materiales. En el caso de las personas fallecidas por actos enmarcados en el conflicto, los titulares de los derechos de la ley serán los que se dictamina en la sucesión hereditaria.
El proyecto de ley considera diferentes instancias de reparación, como asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata, asistencia de salud de urgencia, mecanismos de información, ayudas e indemnización, resarcimiento de 4 mil UTM en el caso de fallecidos y compensaciones por daños físicos, psíquicos o pérdidas materiales, las que se deberán definir en un reglamento.
Además, la iniciativa considera la implementación de ayudas extraordinarias, educación para la defensa de la libertad, la democracia y la paz y la creación de un «Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas de la Violencia y el Terrorismo en la Macrozona Sur».
